Secretaria de Gobernación presenta denuncia contra Juez de Tamaulipas
Luisa María Alcalde, presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra Crescencio Contreras Martínez, juez de Tamaulipas
VICTORIA, Tamaulipas.- En la sesión ante la Cámara de Diputados, la Secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, hizo pública la presentación de una denuncia de juicio político contra el juez Crescencio Contreras Martínez, quien ejerce en el estado de Tamaulipas. La denuncia busca la destitución del juez por diversas actuaciones irregulares que, según la Segob, han beneficiado a grupos criminales vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en la mencionada entidad.
Luisa María Alcalde explicó que la presentación de la denuncia ante la Cámara de Diputados tiene como objetivo que la soberanía analice el caso y, en su caso, presente una acusación al Senado para proceder con la destitución del juez. La Secretaría de Gobernación señaló que, durante los trabajos del Gabinete de Seguridad, se obtuvo información sobre posibles acciones del juez Contreras Martínez que favorecieron a miembros de grupos criminales operando en la frontera norte, perpetuando la impunidad.
Existen elementos
Detalló que existen elementos que sugieren que las decisiones del juez no están en línea con los principios constitucionales y legales, ya que ha adoptado criterios que llevaron a la liberación de individuos vinculados a actos violentos en perjuicio del interés público.
La Secretaría de Gobernación hizo hincapié en la importancia de los casos de alto impacto, incluyendo la liberación de personas pertenecientes a un grupo criminal presuntamente vinculado al reciente secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas, así como otros delitos relacionados con la delincuencia organizada, como el tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
La dependencia concluyó destacando que se puede señalar un desapego por parte del juez de Tamaulipas a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo. El Gobierno de México reafirmó su compromiso con la legalidad y el Estado de derecho, reiterando su constante lucha contra la corrupción y la impunidad.