Solicitan al Poder Judicial y la Fiscalía coadyuvar en casos de corrupción
La Consejería Jurídica del Gobierno de Tamaulipas solicitó su colaboración para sancionar a servidores públicos que actuaron indebidamente.
VICTORIA, Tamaulipas.- De las más de cien denuncias que se han presentado en contra de funcionarios de la pasada administración gubernamental, solamente en uno de los casos se ha dictado sentencia condenatoria, y esto no por la intervención del Fiscal Anticorrupción, sino más bien, porque la responsable admitió su culpabilidad, reveló la consejera jurídica del Gobierno del Estado, Tania Gisela Contreras López.
A casi dos años, solamente hemos tenido una servidora pública que ha sido sentenciada porque ha reconocido ella su responsabilidad en las conductas que se le imputan.
La funcionaria dijo que las carpetas de investigación que ha enviado la Fiscalía Anticorrupción ante el Poder Judicial han sido rechazadas por deficiencias, lo cual dijo, no sabe si es por negligencia o o dolo del propio zar anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda.
Seguimos insistiendo a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que realice la integración adecuada para que se presente al Poder Judicial y los jueces hagan la valoración. Hemos tenido del Poder Judicial apreciaciones de que no están integradas debidamente, las devuelven a Fiscalía. Otro dato es que se posponen de manera injustificada las audiencias que han sido puestas a consideración de los jueces.
La Consejera Jurídica del Gobierno del Estado mencionó que la única persona que ha sido sentenciada fue acreedora a una multa sin ser privada de su libertad, sin embargo se busca que en las más de cien denuncias presentadas sean sancionados quienes ocuparon cargos de primer nivel durante la pasada administración gubernamental y no solamente funcionarios de rangos menores.
Insistir, seguiremos haciendo la parte que nos toca e insistir a la Fiscalía como al Poder Judicial que, en seguimiento a este compromiso de las instituciones de cero impunidad, coadyuven en sancionar a servidores públicos que actuaron indebidamente.